A sus 33 años, Samba Martine migró desde el Congo, con su hija, hacia el Estado español, buscando un futuro mejor. Al llegar fue detenida por su situación irregular. En los cuarenta días que estuvo privada de libertad acudió, al menos en diez ocasiones a los servicios médicos porque se sentía muy enferma. En ninguna de estas ocasiones se le practicó prueba diagnóstica alguna para averiguar la causa de su estado, ni un triste análisis de sangre, ni tampoco hubo traductor. A Samba Martine se la comió la infección sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

El Juez de Instrucción sobreseyó las diligencias penales sin ni siquiera tomar declaración a los médicos o la jefa del servicio. El sobreseimiento está recurrido. Asimismo se ha presentado reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por la muerte de Samba. Y es que cuando el Estado priva a una persona de libertad se convierte en el garante de sus derechos, en primer lugar, de su vida y su salud. Y si no puede garantizar estos derechos, simplemente no puede encerrar a estas personas, a personas que, como Samba, no han cometido otro delito que buscar una vida mejor lejos del lugar donde han nacido.

Samba Martine tenía 33 años cuando la internaron en el CIE de Aluche, en Madrid, y le asignaron un número para identificarla. Murió siendo el número 3106. Un año después, nadie ha sido condenado por su muerte. Murió siendo un número, ahora queremos recordarla con su nombre. Y lo hacemos gracias a Radio Malva, de Valencia, que nos ofrece la entrevista con Pablo Adrián "Pampa" Rodríguez del colectivo "Ferrocarril Clandestino", en Madrid, quienes reclaman justicia para Samba Martine.