Sigue la batalla entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior en relación al funcionamiento del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. El pasado lunes, tres inspectores municipales se personaron en el centro para comprobar si se están realizando actividades de internamiento, para las que el Ayuntamiento ha declarado que el espacio no tiene licencia, pero los agentes de la Policía Nacional les negaron el paso.

El teniente de alcaldía de derechos de ciudadanía, Jaume Asens, anunció la semana pasada la clausura del CIE de la Zona Franca por falta de licencia de actividad -tiene licencia para comisaría, pero no para centro de internamiento-. Según explicó Asens, habían dado al Ministerio un mes para tramitar el permiso y optaron por no hacerlo al considerar que no lo necesitaban. Tanto es así, que el mismo día que el Ayuntamiento clausuraba el CIE el Gobierno español anunció la reapertura del CIE tras ocho meses cerrado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que "respete la ley y los derechos humanos" y consideraron una provocación que el propio Gobierno incumpla las leyes de forma deliberada, algo que le puede acarrear sanciones o incluso el precinto del centro.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado su intención de hacer de la ciudad un lugar libre de este tipo de centros donde se violan los derechos humanos.

Organizaciones sociales como la plataforma "Tanquem els CIEs", SOS Racismo y la asociación de los jesuitas MigraStudium apoyaron la decisión del Ayuntamiento de Barcelona. En un comunicado conjunto dicen que celebran que las administraciones públicas asuman su obligación de defender los Derechos Humanos como una prioridad y, por tanto, usen todos los medios que tengan a su alcance para impedir que se vulneren", afirman también que “el CIE de Barcelona no puede volver a abrir porque no se cumplen los requisitos de la licencia de actividades ni de seguridad, pero sobre todo no puede volver a abrir porque es un lugar donde se vulneran los derechos humanos, se criminaliza a las personas migradas y se las priva de libertad". Las entidades también han acusado al CIE de ser "una institución racista" y "la punta de lanza de un sistema de deportaciones que comienza con las redadas policiales racistas y termina en los vuelos de la vergüenza".

Recordamos que los CIE son centros donde son privadas de libertad personas que no tienen papeles de residencia o trabajo, es decir por una falta administrativa. Son personas que no han cometido ningún delito, pero se las detiene en redadas por la calle, se las encierra en los CIE y ahí pueden estar un máximo de 60 días a la espera se ser expulsadas de España. Pero en muchos casos, no son expulsadas, y son abandonadas en cualquier plaza o calle con una carta de expulsión, lo que las deja más vulnerables y marginadas si cabe.

Escucha el reportaje en el que explicamos qué son los CIE, cómo se producen las redadas policiales, y escucha el desgarrador testimonio de una mujer encerrada en el CIE de Aluche, en Madrid.