Hace casi 5 meses, en la madrugada del 6 de febrero, un grupo de migrantes trataron de llegar a nado a territorio español atravesando los apenas treinta metros que separan Marruecos de Ceuta, en la playa de Tarajal. Las versiones oficiales del ministerio de interior, del delegado de gobierno en Ceuta y del director de la guardia civil, fueron cambiando en las primeras horas, desmintiendo las versiones oficiales anteriores. Todas esas contradicciones y la información que se pudo ir recabando en los días posteriores a la tragedia, suscitó que algunas asociaciones se personaran como acusación particular en la investigación de este trágico suceso.

El trabajo de las asociaciones civiles han conseguido que la Audiencia Provincial de Cádiz haya dictado un auto que obliga al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta a identificar a todos los guardias civiles que participaron en las tareas desarrolladas aquel 6 de febrero en la playa fronteriza de El Tarajal, donde 15 migrantes murieron intentando alcanzar a nado las costas españolas.

La resolución da la razón a la organización Coordinadora de Barrios contra la decisión de la titular del juzgado ceutí, que se había negado a practicar una serie de diligencias que la acusación popular le demandaba, entre ellas, que la Guardia Civil identificase a todos los agentes que participaron o que declarase la activista de Caminando Fronteras que acompañó a los supervivientes.

Para la Audiencia, dado que las investigaciones en Ceuta se abrieron "precisamente para dilucidar la posible existencia de actuaciones penales en el desarrollo de los acontecimientos", en los que "no se descarta" ni violencia por parte de los migrantes ni "la utilización por parte de los agentes de material antidisturbios", las diligencias propuestas por la Coordinadora de Barrios son "pertinentes".

El programa ‘El Candelero’, de Radio Vallekas, de Madrid, nos ofrece la entrevista con Patricia Fernández, la abogada de la Coordinadora de Barrios.